Prensa Nacional: Conflicto en la Universidad de La Rioja

Aprovechamos para recordar a quienes todavía no lo hicieron, remitir adhesión a la Campaña Nacional e Internacional de CONADUH por la reincorporación de los compañeros de la UNLa Rioja.

Página12 - Universidad Viernes, 22 de Febrero de 2008

CONFLICTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

Todo un gremio cesanteado
La Conadu Histórica denunció que el rector de la UNLaR despidió a más de 200 docentes, incluidos todos los dirigentes del sindicato.

Por Julián Bruschtein

El sindicato nacional de los docentes universitarios Conadu Histórica denunció al rector de la Universidad Nacional de La Rioja por “persecución gremial”. La acusación apunta contra Enrique Tello Roldán, a quien responsabilizan de “cesantear a toda la comisión directiva” del gremio local (ARDU), dentro de una medida que afectó a más de 200 profesores. Los docentes lanzaron una “campaña de solidaridad”, se reunieron con representantes de la gobernación provincial, con el intendente de la capital provincial y con autoridades eclesiásticas, sin resultados por ahora. En los próximos días recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario.
La secretaria general de ARDU, Estela Cruz, afirmó a Página/12 que “la situación en la Universidad de La Rioja es inaceptable. Tello Roldán desmembró el gremio a su antojo, escudado en la autonomía universitaria”. El conflicto entre el gremio y el rector viene de hace años y llegó a su pico máximo en diciembre pasado, cuando “a los dos integrantes de la comisión que cesanteó en agosto del año sumó a cuatro más. Antes de terminar el año echó a dos delegados más y en enero casi terminó con su trabajo, porque solamente quedó una integrante de la comisión revisora de cuentas”, explicó Cruz.
La historia de enfrentamientos tiene casi tantos años como los que el rector lleva desempeñando el cargo. Tello Roldán es la única autoridad académica que lleva más de quince años al frente de una universidad nacional, con seis reelecciones consecutivas. Ya en 1999, los docentes habían elevado una denuncia por irregularidades en el manejo de los fondos de la UNLaR. En agosto pasado denunciaron que había comenzado a “bajar las dedicaciones docentes de los representantes gremiales. Ese fue el primer paso para arremeter contra nuestra organización”, aseguró la docente y gremialista.
Desde la UNLaR, el decano de Ciencias Sociales, José Chumbita, estimó que las acusaciones eran “infundadas”, “como ya lo demostró la Justicia”, y apuntó al carácter de contratados de los cesanteados: “Los docentes interinos no tienen vocación de estabilidad por más que existan sucesivas designaciones. En este caso la exclusividad de la continuidad la tiene la universidad, que define las designaciones. También el fallo de la Cámara Federal de Córdoba dice que por sí sola la inmunidad gremial no garantiza la continuidad. Lo que sí se reconoce es que mientras se extienda el período de contratación no se puede modificar la categoría”, dijo. Respecto de las bajas de categoría que denunció ARDU, Chumbita afirmó que “a partir de la nueva conformación de autoridades en julio del año pasado (Tello Roldán fue reelecto por sexta vez, sin oposición), se definió una reestructuración en la planta docente. Los que cumplían con los requisitos, las cargas de investigación y extensión mantuvieron sus categorías”.
La situación es “muy alarmante. El problema es que la actual Ley de Educación Superior le permite a Tello hacer lo que se le ocurra y esto no puede seguir así”, afirmó Claudia Bagorria, secretaria general de la Conadu Histórica, uno de los tres sindicatos docentes universitarios. “Si la cesantía de casi toda la comisión directiva no es persecución ideológica manifiesta, ¿qué es?”, preguntó Baigorria. Con ese argumento el gremio presentó amparos ante la Justicia y “con el equipo de abogados de la CTA ya estamos elaborando un pedido de recurso extraordinario a la Corte Suprema”. A su vez iniciaron una campaña en la que mantuvieron reuniones con “el gobierno de la provincia, con el obispo de La Rioja y presidente de la pastoral universitaria, Roberto Rodríguez, y con la senadora Teresita Quintela (PJ). Ella se comprometió a elevar un informe el 26 de febrero en el Senado y gestionar una audiencia con la Presidenta –dijo Cruz–, pero acá lo más grave es que el Ministerio de Trabajo no movió un dedo, guardó silencio desde el inicio del conflicto”.