Grave denuncia

Con el aval de más de cien firmas de docentes, trabajadores de la cultura, dirigente mapuches y de organizaciones gremiales y sociales, la Prof. Graciela Suárez -docente de la UNCo y militante de nuestro sindicato-, presentó en estos días una nota a un par de Comisiones del Congreso de la Nación. La misma tiene por objeto denunciar la funesta y criminal actuación que, durante la última dictadura militar, tuvo en la región un personaje que pretende ser hoy galardonado como "Mayor Notable", según un proyecto impulsado por el Diputado Juan C. Scalesi.
Nos hacemos eco de la denuncia e instamos a difundir ampliamente la información.

Sres. Diputados Nacionales
Comisión de Cultura
Comisión de Derechos Humanos y Garantías
Ante la información de la existencia de un proyecto impulsado por el diputado Juan Carlos Scalesi de proponer otorgarle al señor Rodolfo Casamiquela la distinción de “Mayor Notable”, que concede la Cámara de Diputados de la Nación, en vista de ello me permito a continuación hacer una serie de consideraciones sobre la actuación que le cupo a este señor durante el nefasto Proceso de Reorganización Nacional (referencias que están documentadas y a su disposición) que azotó a nuestro país durante los años 1976 a 1983, con el costo de tantas vidas por la represión que puso en acción. Represión que se logró extender e intensificarse merced a la colaboración de muchos civiles como el referido Casamiquela.
A comienzos de 1977 Casamiquela fue designado Director del Centro de Investigaciones Científicas de la Provincia de Río Negro (CIC) por decreto 40/1977 y a partir de su asunción se inició una persecución que afectó a gran parte del personal que integraba el plantel de esa institución, persecución que se sostenía en acusaciones sobre actuaciones y actitudes políticas/sociales de ese personal durante los años previos al golpe militar. Se imagina usted el riesgo que significó para la vida de estas personas las informaciones suministradas por este señor Casamiquela a sus superiores militares en momentos en que la represión estaba actuando con mayor ferocidad. Es evidente que algún día deberíamos estudiar y esclarecer la acción de estos civiles que no escatimaron medios ni evaluaron consecuencias con tal de saldar cuentas con quienes habían tenido en el pasado posiciones distintas a las suyas.
Como resultado de esta persecución aparecieron decretos, como el Nº 74/1977 dando de baja a parte del personal, de los cuales me voy a referir a algunos, como Manlio Gioscio (quien posteriormente se verá afectado por una depresión que años después lo llevará al suicidio), Miguel H. González, Elda M.de Chevez todos profesionales muy jerarquizados del Sector Social ubicado en General Roca del Centro de Investigaciones Científicas (CIC) y autores de trabajos muy importantes para la época, quienes junto con el personal administrativo de ese sector son dados de baja “por razones de servicio”.
En ese mismo decreto también figuran Edmundo Sustaita y Luis Moschin, también profesionales muy capacitados y autores de publicaciones de relevancia, pertenecientes al Sector Social Bariloche del CIC, quienes son dados de baja junto con el personal administrativo. A ello se le debe sumar la arqueóloga Gloria Arrigoni, cuya baja luego se convirtió en renuncia forzada.
Esto se completa con el decreto 75/1977 que da por finalizado la jornalización de numerosos agentes (profesionales y administrativos) que se desempeñaban en distintos sectores del CIC desde hacia varios años atrás.
También hubo otros casos de persecución que tuvieron una resolución menos grave que la anterior, pues el castigo se concretó en el traslado y la adscripción a otras instituciones como el caso de Silvia Pappatico, Ana Balda y el mío (Resolución 285/1977).
Para evaluar las consecuencias que estas medidas tuvieron sobre los afectados, es momento de recordar lo que significaba la prescindibilidad: dar de baja sin fundamentación, sin pago de indemnización y con el fin de depurar la Administración Pública de agitadores, de agentes reales o potenciales de perturbación, de elementos subversivos, apelando a la terminología de la época. Es decir que a estas personas se las condenaba a un verdadero exilio interno.
Convengamos que las acusaciones y difamaciones no quedan registradas en documentos pues eso nunca se escribe solo se habla, aunque sabemos que existieron pues siempre hay testigos. Pero lo que sí esta documentado (decretos y resoluciones publicadas en el Boletín Oficial) son los hechos que acabo de mencionar y al respecto pregunto: ¿podemos disculpar esas acciones con la muy usada “obedecía órdenes” o “eran medidas adoptadas por mis superiores”?. ¿Es posible que una persona que creó esa institución en los comienzos de 1970, que durante muchos años fue integrante de su plantel, que con su formación y ocupando en ese momento el cargo político más alto del CIC pudo haber aceptado esas medidas sin ser cómplice y partícipe de las mismas?.
En lo que se refiere a sus antecedentes académicos, cabe consignar que en su currículo –distribuido por él mismo- figura su participación como “Invitado por el Comando en Jefe del Ejército para representar a la Patagonia en el Plan Cultural, 1978”, que demuestra su amplia colaboración con el proceso en el campo ideológico. Hay investigaciones históricas y bibliografía reciente sobre dicho “Plan Cultural”, principalmente, el mismo fue una operación de inteligencia destinada a la censura, y a publicar obras laudatorias del régimen. En Patagonia se coronó con el “Congreso Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto”, realizado en General Roca en noviembre de 1979, con fines celebratorios del etnocidio de los pueblos originarios. Casamiquela tuvo activa participación en el diseño y ejecución de estas iniciativas.
Ya con el advenimiento de la democracia, la postulación de esta persona para ocupar un cargo en esta ciudad fue rechazada, por un petitorio firmado por profesores y alumnos del Centro Universitario Zonal Atlántica dependiente de la Universidad Nacional del Comahue.
Si la finalidad de esta distinción es homenajear en vida “a ancianos ilustres, mujeres y hombres argentinos que se destacan, conciudadanos que nos dejan un ejemplo..."; que tiene como propósito relacionar la "figura patriarcal" del General San Martín con los ancianos de nuestro País, es evidente que para propugnar el nombramiento de una persona ‘Mayor Notable’ no solo se debe tener en cuenta su supuesta trayectoria científica, puesta en tela de juicio por los avances recientes del conocimiento antropológico, sino que deben evaluarse sus valores éticos puestos en juego en sus acciones. Esta posición se fundamenta en que estos reconocimientos a ciudadanos deben tener como finalidad resaltar en la comunidad y sobre todo en nuestros jóvenes, valores como el respeto mutuo, la libertad, la democracia, y la solidaridad como principios fundamentales que regulan nuestra convivencia social y específicamente el sistema democrático y el estado social de derecho.
Lo saludo muy atentamente y quedo a su disposición.
Viedma, 4 de julio de 2008.

MSc. Graciela Noelia Suárez
DNI 5162517
Docente e Investigadora CURZA
Universidad Nacional del Comahue